WWF/Adena exige que sea Fertiberia la que corra con todos los gastos porque «quien contamina, paga»
Alrededor de un millón de euros. Ésa es la cifra que el Gobierno de España se gastará en llevar a cabo un informe «técnico exhaustivo», que ha encargado a la empresa Tragsatec, sobre el que trabajará un comité de expertos para elaborar una propuesta de restauración del área de Huelva donde se han apilado los fosfoyesos –720 hectáreas de marismas de dominio público marítimo-terrestre, de las que 238 se encuentran activas–. Así lo confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que justificaron el desembolso de las arcas del Estado en que «se trata de materiales muy contaminados» por lo que habrá que emplear «herramientas muy precisas y los expertos deberán llevar y hasta vestir equipos especiales».
Una respuesta «sorprendente» para organizaciones como Greenpeace o WWF/Adena, sobre todo si se tiene en cuenta que la Junta «siempre ha mantenido que los fosfoyesos no contaminan».
En Madrid son conscientes de los recelos que esta contratación puede despertar y de que «parece mucho dinero», pero arguyen: «Si se ha decidido acometer el estudio bajo el patrocinio del ministerio, es porque hasta la fecha los aportados por la empresa –Fertiberia, dado que los fosfoyesos son producto de su actividad– no responden a nuestras inquietudes». «Son parciales e incompletos –añaden– y sin una justificación exhaustiva de que la solución restauradora sea la más idónea»
Fuentes de Medio Ambiente aseveran que el Ejecutivo «no quiere ambigüedades ni dudas en un tema tan delicado» y sí «plenas garantías de que el estudio es realizado por personas solventes y que trabajen con independencia de la empresa para que, con posterioridad, nadie pueda cuestionar el resultado por entender que pudiera estar ‘contaminado’». Argumento plausible, según las mismas fuentes, si fuera la química onubense la que financiara y dirigiera los trabajos. Sin embargo, en los servicios jurídicos de WWF lo tienen claro: «Lo primero que hay que hacer es determinar qué elementos hay y en qué cantidad, porque existe un acta del Seprona en el que consta la presencia de cadmio, cesio, zinc… sustancias catalogadas como peligrosas, según la directiva comunitaria de contaminación de aguas». «Luego, si procede –matizan–, se debería declarar suelo contaminado».
¿A quién compete hacerlo? «Por ley a la Junta», explican, «pero ésta podría alegar que al tratarse de dominio público marítimo-terrestre, la competencia sería del Ministerio de Medio Ambiente, con lo que volveríamos a empezar». En cualquier caso, para esta organización, «los gastos que supongan desde el diagnóstico hasta el plan de acción final deben ser sufragados por la empresa y no por el Estado, en base al principio ‘quien contamina, paga’, recogido en el artículo 174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, versión consolidada», detallan. Respecto a las acciones a llevar a cabo, advierten que «tirar tierra encima no siempre es la solución» para espacios contaminados, «porque a veces hay filtraciones y las sustancias se escapan al exterior».
En la misma línea, el responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace, Julio Barea, para quien la Junta «ya tiene decidido lo que va a hacer allí», defiende que tampoco «se puede tapar la zona con árboles y ya está». Y no le basta: «Las marismas onubenses no se pueden alicatar de forma artificial ni se debe minimizar el problema ambiental que allí existe porque estaremos hipotecando el futuro de Huelva», sentencia. Rotundo se pregunta: «Si Tragsatec concluye que el estado del territorio es un horror, qué dirán los expertos de la Junta, gente comprada por la industria», proclama.
Al margen del parecer de los sabios, la que sí asumirá las conclusiones que obtenga la filial de Tragsa es Fertiberia, mediante «la financiación de las medidas correctoras que se propongan» para la superficie ocupada por las balsas. O al menos ése es el «compromiso» que, según el ministerio, ha adquirido. El tema traerá cola.
Claves
– Tragsatec fue constituida en 1989 como empresa filial de la matriz Tragsa, y según su web, realiza «actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materia agrícola, forestal, de desarrollo rural, de medioambiente y de medio marino, tanto en estudios y proyectos como en servicios técnicos».
– Entre su accionario, compuesto mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –51%– y el Fondo Español de Garantía Agraria –38,9%–, figura la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Organizaciones como Greenpeace y WWF/Adena han propuesto candidatos para el comité de expertos que han sido rechazados.
- Valderas reclama un plan de desarrollo sostenible para el entorno de Huelva
- IU avisa de que «ya existen muchos estudios y analíticas de los fosfoyesos»
La Asociación Mesa de la Ría exige a Gobierno y Junta que obliguen a Fertiberia a «llevarse lo acumulado ilegalmente».
«Vemos de forma positiva, a priori, todos los estudios que se quieran hacer sobre las balsas de fosfoyesos de Huelva, pero hay que recordar que ya existen muchos y numerosas analíticas que habría que recopilar». Con estas palabras se refirió ayer el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, al contrato que el Gobierno ha cerrado con Tragsatec, por un importe de un millón de euros, para llevar a cabo un informe sobre el espacio de las marismas ocupado por los restos de la actividad de Fertiberia. Más allá de esta decisión, Valderas reclamó que «se empiece a diseñar de una vez un plan de desarrollo sostenible» para el entorno de la capital onubense, en el que participen «todas las administraciones, desde la europea hasta la local, como se hizo para el entorno de Doñana».
En clave económica y con el aval de la legislación ambiental comunitaria, el coordinador general de IU advirtió a los gobiernos central y autonómico que su formación estará «vigilante» para que se «obligue» a Fertiberia a «invertir en la regeneración de los terrenos ocupados por los fosfoyesos y que éstos se puedan recuperar para la ciudad».
En ese sentido, el vicepresidente de la Asociación Mesa de la Ría, Aurelio González, teme que la empresa «se vaya de rositas» y aporta otra reflexión: «Si como dice la Junta, los fosfoyesos son un subproducto que no entraña peligro, Fertiberia puede llevárselo donde sea, pero tiene que hacerlo». La razón es muy sencilla: «La concesión de Costas que firmó en su día para poder verter a las marismas incluía una cláusula en la que se comprometió a retirar todos los residuos que se acumularan por encima de los dos metros y medio de altura, y se baraja que han apilado unos veinticinco».
A su juicio, la dirección de la química rubricó «un contrato que no ha cumplido y para llegar a esa conclusión no hacen falta expertos ni estudios que ya no engañan a nadie». Desde esa óptica, González no entiende que el Gobierno «se vaya a gastar un millón de euros en otro, cuando hace más falta en los colegios, los institutos o los centros sanitarios». «Lo que tienen que hacer tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Junta –apostilla rotundo–es exigir a la química que se lleve lo que ha acumulado ilegalmente».
Por su parte, el secretario de la asociación, Juan Manuel Buendía, apunta que «no se debe olvidar que las balsas lindan con un Lugar de Interés Comunitario (LIC), propuesto en la Red Natura 2000, como son las inmediaciones del río Tinto. De hecho, el límite del LIC es el fosfoyeso», dice. Insiste en que «ya hay suficientes informes elaborados por la propia Administración que demuestran la toxicidad de ese elemento» y augura que «el nuevo, el del millón, tampoco servirá de nada».
FUENTE: La Razón
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